EN DEFENSA DE S.S.PÍO XII: SEPARACIÓN DE LA IGLESIA Y EL ESTADO ES LA APOSTASÍA DE LA SOCIEDAD MODERNA

SEPARACIÓN DE LA IGLESIA Y EL ESTADO ES LA APOSTASÍA DE LA SOCIEDAD MODERNA

S.S.Pío XI
Dilectissima Nobis

3 de junio de 1933

Apostolicae Sedis (vol. XXV, pp. 261-287)

La separación de la Iglesia y el Estado

Pero, volviendo a la deplorable ley referente a las Confesiones y Congregaciones religiosas, hemos visto con amargura de corazón que en ella, ya desde el principio, se declaró abiertamente que el Estado no tiene religión oficial, reafirmando así aquella separación del Estado y de la Iglesia, que desgraciadamente había sido sancionada en la nueva Constitución español

No nos detenemos ahora a repetir aquí cuán gravísimo error sea afirmar que es lícita y buena la separación en sí misma, especialmente en una nación que es católica en su casi totalidad.

Para quien la penetra a fondo, la separación no es más que una funesta consecuencia del laicismo (como tantas veces lo hemos declarado, especialmente en la Encíclica Quas primas) , o sea de la apostasía de la sociedad moderna, que pretende alejarse de Dios y de la Iglesia.

Mas si para cualquier pueblo, es sobre impía, absurda la pretensión de querer excluir de la vida pública a Dios Creador y Próvido Gobernador de la misma sociedad, de un modo particular repugna tal exclusión de Dios y de la Iglesia de la vida de la nación española, en la cual la Iglesia tuvo siempre y merecidamente la parte más importante y más benéficamente activa, en las leyes, en las escuelas y en todas las demás instituciones privadas y públicas.

Pues si tal atentado redunda en daño irreparable a la conciencia cristiana del país, especialmente de la juventud, a la que se quiere educar sin religión, y de la familia, profanada en sus más sagrados principios, no menor es el daño que recae sobre la misma autoridad civil, la cual, perdido el apoyo que la recomienda y la sostiene en la conciencia de los pueblos, es decir faltando la persuasión de ser divinos su origen, su dependencia y su sanción, llega a perder junto con su más grande fuerza de obligación, el más alto título de acatamiento y respeto.

Que esos daños se sigan inevitablemente del régimen de separación lo atestiguan no pocas de aquellas mismas naciones que, después de haberlo introducido en su legislación, comprendieron bien pronto la necesidad de remediar el error, o bien modificando al menos en su interpretación y aplicación, las leyes persecutorias de la Iglesia, o bien procurando venir, a pesar de la separación, a una pacífica coexistencia y cooperación con la Iglesia.

Al contrario, los nuevos legisladores españoles, no cuidándose de estas lecciones de la historia, han adoptado una forma de separación hostil a la fe que profesa la inmensa mayoría de los ciudadanos, separación tanto más penosa e injusta, cuanto que se decreta en nombre de la libertad y se la hace llegar hasta la negación del derecho común y de aquella misma libertad, que se promete y se asegura a todos indistintamente. De ese modo se ha querido sujetar a la Iglesia y a sus ministros a medidas de excepción que tienden a ponerla a merced del poder civil.